Catedrático de Organización de Empresas. Director del
Instituto de investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento
de la Universitat de València. Autor del libro “La Banca Que Necesitamos”.
La crisis bancaria está suponiendo grandes
sacrificios económicos y sociales. Los 41.300 millones de euros utilizados del
rescate bancario europeo que habrá que devolver a 12,5 años a un interés del
0,5% más los más de 100.000 millones inyectados a los bancos intervenidos a
través del FROB en forma de ayudas directas y de capital, está teniendo
consecuencias que pueden ser irreversibles en la sanidad, la educación y los
servicios sociales y en el poder adquisitivo de los trabajadores y
pensionistas. A la vez, se está produciendo una destrucción del tejido
industrial y del capital humano con la desaparición de casi 200.000 empresas,
lo que representa una caída del 20% en las micro y pequeñas empresas (empresas
entre 3 y 50 trabajadores) y la desaparición de 1,2 millones de empleos
asalariados. Se van a necesitar muchos años para recuperar toda esta infraestructura
de capital empresarial e intelectual destruida por una crisis cuyo saneamiento
alcanza ya el 25% del PIB de España (el equivalente a 250.000 millones de
euros).
Los datos apuntados justifican la necesidad de hacer
un balance sobre el efecto de las reformas y el rescate acometidos durante
estos últimos 5 años en el sistema bancario español y valorar si los problemas
que han llevado a la banca a este callejón casi sin salida están ya resueltos o
no. La Troika ha señalado recientemente que la banca ya no necesita más rescate
y las autoridades económicas españolas nos indican que los mal llamados “bancos
buenos” están ya suficientemente capitalizados para afrontar los nuevos retos;
sin embargo, el crédito sigue sin fluir y las tasas de morosidad de los bancos
están ya por encima del 12%. ¿Cuándo se reiniciará el ciclo de financiación de
los emprendedores y pequeñas y medianas empresas para que la economía pueda
comenzar a crecer?. La pregunta es aún una incógnita difícil de resolver, si
tenemos en cuenta que los bancos siguen teniendo que dotar provisiones para
hacer frente al aumento de las tasas de morosidad y para cubrir sus activos
tóxicos, además de resultarles más rentable seguir financiando deuda pública a
rendimientos del 3-4% y con total seguridad que financiar inversiones
empresariales arriesgadas. La deuda pública representa ya el 10% del total de
los activos del sistema bancario español, lo que equivale a 300.000 millones de
euros, mientras que la caída de los créditos ha llegado ya a los 200.000 millones,
lo que representa el 20% del PIB.
Dentro del contexto apuntado, parece lógico que
surjan dudas sobre si el rescate de la banca ha servido de algo y sobre si es
necesario que el Estado siga endeudándose hasta niveles realmente preocupantes
con el único propósito de sanear unos bancos y unas cajas de ahorros que
continúan sin desempeñar su función de prestamistas del sistema productivo. Los
más de 60.000 millones de euros destinados hasta el momento al saneamiento de
la banca no han servido más que para mantener vivos unos bancos (Bankia,
Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco Mare Nostrum) con escasísimas
expectativas de futuro y que seguramente acaben en manos de los grandes bancos
españoles, socializando así unas pérdidas millonarias ocasionadas por la mala
gestión crediticia de las personas que han estado al frente de estas entidades,
dicho sea de paso, a las que no se les está exigiendo responsabilidades.
Mientras tanto, el Estado del Bienestar se resiente cada vez más y la
desigualdad económica y la pobreza siguen aumentando. Parece, por tanto,
realmente difícil de justificar un rescate bancario que está produciendo
negativas consecuencias económicas y sociales a una gran parte de la población,
y que no está sirviendo para mejorar la operatividad de las entidades bancarias
y reactivar el crédito a las empresas. Porque no se ha acometido una verdadera
reforma bancaria, si no que lo que se ha hecho ha sido eliminar las cajas de
ahorros (salvo unas pocas), aumentar el tamaño de los bancos a través de las
fusiones y beneficiar a los grandes bancos, que están incrementando su cuota de
mercado de manera significativa durante estos años de crisis. No se han
acometido los graves problemas de la banca española: su carácter especulador,
la excesiva mercantilización a costa de abusos a sus clientes y depositantes y
la falta de transparencia en sus operaciones. Sobre todo esto no se ha hecho
absolutamente nada, de manera que tras el rescate sigue existiendo un modelo
bancario fuertemente especulativo y alejado de los intereses de las familias y
de la mayor parte de la estructura económica y productiva del país.
Además, durante los últimos años de la crisis se está
produciendo un fenómeno añadido, como es el de condenar a la exclusión
financiera, no solo a emprendedores y pequeñas empresas como hemos señalado, si
no también a una parte de la población que vive en municipios pequeños donde a
las entidades bancarias ya no les resulta rentable mantener abierta una oficina
bancaria. La búsqueda de la eficiencia y la productividad de la banca ha
llevado al cierre de casi 10.000 oficinas y el despido de unos 42.000
empleados, lo que se traduce en que una parte de la población, generalmente la
más vulnerable, se ha quedado sin acceso a servicios financieros básicos. Este
es un ejemplo más del carácter exageradamente mercantilista de los bancos en
detrimento del interés común, lo que exige la consolidación de un modelo
bancario distinto al actual basado en la transparencia, la inversión en
proyectos sociales y la responsabilidad social y que tiene su expresión en la
banca ética y la banca cooperativa. Una reforma bancaria realmente eficaz sería
aquella que penalizara la especulación bancaria y las actividades de la banca
en la sombra (procesos de ingeniería financiera y de activos estructurados como
las participaciones preferentes y subordinadas o las hipotecas basura) y
potenciara una modelo de banca socialmente responsable, que aunque tiene que
generar beneficios económicos para ser viable, es capaz de compatibilizar su viabilidad
financiera con los beneficios sociales y las prácticas democráticas y
transparentes, que necesita la sociedad y deberíamos exigir los ciudadanos.
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